La erradicación de la producción de drogas como mecanismo para abatir el consumo de las mismas es una evidente falacia de dicho enfoque. Tampoco se ha logrado alterar el mercado a partir de la persecución legal y policiaca de quienes se involucran en el negocio de las drogas.
La referencia frecuente en los discursos oficiales y/o mediáticos, a economías nacionales gravemente alteradas o enriquecidas por los capitales ilícitos provenientes de las drogas, o de omnipotentes barones del narcotráfico dueños de riquezas fabulosas con infinito poder de compra, constituyen otras tantas creaciones míticas que generalmente no se asientan en análisis sólidos, sino que sirven para justificar por igual aciertos y fracasos de una acción gubernamental, construida más a partir de frases retóricas que de referentes objetivos.
Hoy por hoy los analistas más serios de la dimensión económica del tráfico de drogas, como el propio Francisco Thoumi, ex Coordinador de investigaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Crimen, establecen que el volumen global de los recursos generados por el negocio de las drogas permanece indeterminado, pero que el ingreso que éstas representan para los países involucrados está lejos de constituir su principal fuente de recursos. Incluso, en países emblemáticos del problema del narcotráfico, como Colombia, una utópica erradicación total de coca no habría de traducirse más allá de una recesión local de un par de años.2
No es en sí mismo el factor económico del tráfico de drogas el que genera los mayores problemas de inestabilidad para el Estado mexicano, ni sus recursos son comparables a los que genera en su conjunto la economía formal, lo que no significa que la ganancia económica deje de ser la premisa fundamental en torno a la cual se constituye dicha actividad y que le hace altamente redituable en lo particular a los grupos de individuos que en ella se involucran.
Y estas ganancias significativas, si bien incapaces de desestabilizar a la economía nacional, sí ofrecen un asset favorable para la reproducción de la actividad ilícita, ya que retroalimenta directamente la capacidad de los grupos delictivos para desarrollar violencia y adquirir mayor influencia en distintos espacios de la vida lícita.
Por tanto, si bien el Estado mexicano no puede afectar unilateralmente un mercado global de bienes ilícitos altamente demandados, sí podría ser capaz de atacar más eficientemente al lavado de dinero y asegurar los activos vinculados al delito, como medio, no para alcanzar la finalidad utópica de “acabar con las drogas”, sino para contener en mayor medida a la delincuencia.
La estrategia actual del gobierno federal contra los grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas prácticamente omite atacar sistemáticamente a las ganancias obtenidas por los traficantes de droga. La Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal está lejos de constituir una herramienta eficiente para acotar la capacidad operativa de los grupos delictivos.
II. Las drogas como problema de salud pública en México.
Desde hace algunos años, el término narcomenudeo ha ocupado crecientemente un lugar destacado en el discurso oficial. Aunque no se le ha brindado específicamente una definición unívoca, se hace referencia con él a la venta al detalle o minorista de drogas psicoactivas.
Se trata de un término esquivo, que en ese discurso oficial pareciera a momentos hacer alusión a un fenómeno delictivo nuevo, distinto al narcotráfico de gran escala, y otras tantas veces, lo ubica como extensión de este último. El resultado práctico de esta ambivalencia no es menor: se traduce en la falta de claridad en el diseño de políticas gubernamentales y en los objetivos a alcanzar mediante ellas.
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