REFLEXIONES SOBRE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD
CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Dr. Carlos Antonio Flores Pérez
Doctorado en Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Políticas, UNAM
Uno de los pensadores políticos más importantes del siglo XX, Max Weber, definió al Estado como aquella entidad que monopoliza la violencia legítima a lo largo de un territorio. Un Estado que es crónicamente incapaz de cumplir con esta premisa, se encuentra prácticamente en vías de extinción o, por lo menos, en una crisis permanente que trastoca todos los demás aspectos adicionales que las instituciones estatales formalmente regulan.
En la forma de dominación burocrática, que es la que corresponde al Estado contemporáneo, el aparato público determina los medios más eficientes para alcanzar objetivos determinados, a partir de una acción con arreglo a fines.
En esta racionalidad con respecto a fines que enmarca la operación de las burocracias gubernamentales, la evaluación de una política y sus alcances y limitaciones debe partir de una definición clara del problema, la articulación de un diagnóstico sobre las condiciones generales del mismo y la determinación de los resultados a los que se aspira alcanzar. Es decir, se debe tener claridad tanto en la concepción del problema como en los resultados que se pretende lograr respecto a él, con la acción del aparato público.
No puede haber estrategia triunfadora ahí donde no hay definición de objetivos prioritarios, jerarquización de los mismos ni planteamiento de metas concretas a alcanzar. Menos la puede haber cuando la definición básica del fenómeno a afrontar pasa por alto aspectos fundamentales que lo causan o contribuyen a su gravedad. Tampoco puede alcanzarse el éxito ahí donde los medios racionalmente más eficientes no se emplean para alcanzar los resultados a los que formalmente se aspira.
Digo todo lo anterior porque, sostengo, la política vigente del gobierno federal para enfrentar al narcotráfico es errónea, porque carece precisamente de claridad respecto a los objetivos que pretende alcanzar y parte de un diagnóstico insuficiente en relación a las causas que han conducido a que en la actualidad, sean algunos de los actores involucrados en esta actividad ilícita, quienes poseen mayor capacidad para desestabilizar al Estado mexicano.
Evaluar los desafíos que representa el tráfico de drogas para el Estado mexicano requiere diferenciar los distintos aspectos involucrados en esta actividad, a fin de determinar la capacidad de respuesta que las instituciones nacionales pueden tener para abordar una u otra de sus complejas aristas.
I. El tráfico de drogas como mercado ilegal.
Por principio de cuentas es preciso señalar que el tráfico de drogas es en sí mismo una actividad económica: se trata de la producción, transporte y comercialización de determinadas sustancias en función de un mercado que demanda las mismas, que por razones históricas han sido proscritas a partir de los intereses de la potencia hegemónica mundial, paradójicamente, aquella donde se encuentra el mayor consumo de drogas psicoactivas: Estados Unidos.1
Se trata, pues, de un mercado clandestino de proporciones indeterminadas, pero que de cualquier manera tiene una relevancia tal que prácticamente no es susceptible de ser modificado por los esfuerzos punitivos individuales de
ningún Estado, incluido el mexicano. A más de un siglo de política punitiva contra las drogas, es evidente que ésta no ha alterado los patrones de demanda sobre dichas sustancias.
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