del pueblo y sus integrantes –ya como comunidades, ya como individuos– y la obligación de éstos a no actuar, para concordar con estas limitaciones (por medio de leyes de las cuales diré tienen un sentido negativo, pues restringen); y por otro, el derecho del Estado para señalar acciones a ser realizadas por el pueblo y la obligación de éste a realizarlas (por medio de leyes en sentido positivo, pues exigen acción)1. Algo ha salido mal, parece ser, pues han pasado ya más de 355 años de Estado moderno (tranquilícese amigo lector y sea paciente, afortunadamente ‘sólo' han transcurrido 200 en el caso del Estado mexicano), y no se ha conseguido que la totalidad del pueblo viva dignamente. El problema, claro está, nada tiene que ver con la honestidad e intenciones de los gobernantes. Recuérdese: vivimos en un Estado ideal. ¿No me cree? Pregúnteles a quienes nos gobiernan si son deshonestos. Verá que la respuesta es: no. Pregúnteles si su motor al gobernar es lograr la vida digna de la totalidad del pueblo. Verá que la respuesta es sí. El problema real, cuando no es culpa del pueblo mismo por no obedecer seria y ciegamente leyes tan bien hechas, o –ya nos lo han hecho saber–es que en esos últimos dos siglos se han errado los medios para conseguirlo: Si bien el Estado es completamente necesario, no era por medio del control total de la vida ciudadana y concentración del poder, como se creyó tontamente en los tiempos del Estado absolutista o en los modelos, así les llaman, comunistas, afortunadamente para el mundo ya extintos ambos que la meta se iba a alcanzar. Tampoco lo era por medio del Estado proteccionista/populista, modelo sobre el cual ya se nos dijo hasta el cansancio es un peligro para México, que trata al pueblo como si careciera de uso de razón y capacidad para responsabilizarse de sí mismo, volviéndolo comodino y flojo. ¡No! La solución, aplaudan por favor, es el liberalismo (si percibe en su persona un espasmo real que contradice la teoría, tranquilícese y repita: “no tengo hambre, apenas hace 20 años de cambio de modelo económico con la entrada de México al GATT”2). Esto es, un sistema en el que el poder y control del Estado se adelgaza y permite a los particulares responsabilizarse de su vida, acciones, economía y supervivencia. El particular es responsabilidad de él. Maduro y consciente como es, puede ahora participar en la vida política, económica y social del país rascándose con sus propias uñas. Su supervivencia le pertenece. Esto, se afirma, no sólo es eficiente y justo, sino la encarnación de la democracia misma: la participación directa de los particulares en los asuntos que se consideraba sólo concernían al Estado. Así, todo aquello que se haya probado como habiendo rebasado las capacidades del Estado de dirección, organización y control tiene que pasar a manos de los particulares con toda confianza, pues cuando de supervivencia se trata sólo un loco atentaría contra sí mismo. ¿No puede el Estado prestar servicios públicos eficientemente como las telecomunicaciones, las vías de comunicación (carreteras y caminos), bancos, etc? ¡Privaticen! ¿No ha podido el Estado dar educación al pueblo? ¡Concesionen la educación! ¿No ha podido el Estado dar servicios de salud eficientes? ¡Llamen a los particulares! Así, en los últimos 20 años, modificaciones mediante a la Sagrada Carta Magna –de pie y sin sombrero– que nos ha regido por ya 90 años, la democratización del país se ha dado como sigue 3: En el período de 1982 a 1988 se liquidaron 294 empresas paraestatales, se fusionaron 72, se transfirieron 25 y se vendieron al sector privado 155, entre las que se encontraban las financiadoras Nafinsa y Somex y algunas mineras como Sosa Texcoco. La siguiente etapa comprendió la entrega de las compañías de extracción y producción siderúrgica y minera (AHMSA, SICARTSA, etc.). La tercera las telecomunicaciones (TELMEX) y vías de comunicación (Carreteras y FERRONAL), así como la Banca. Paralelamente, mientras que el Estado se desentiende del lastre que representaban esas mismas empresas para nosotros sus dueños, los mexicanos, por no ser redituables ni costeables (¡y vaya que no lo eran! Ya ve usted, menos de una década después de su privatización, el Estado, noble como es, tuvo que rescatar de la quiebra –con nuestros impuestos– a los pobres empresarios dueños hasta ese momento de lo privatizado. Hasta ese momento digo, pues hoy todo excepto TELMEX fue revendido tras ser rescatado, incluso a capitales extranjeros), otros rubros estatales de prestación de servicios como la educación y el sector salud ven sus presupuestos disminuidos al menos en términos relativos porcentuales a la inflación año con año. Es sabido, por ejemplo, que México invierte menos del 8% (5.9% 4) del PIB a la educación recomendado por el mismo Banco Mundial y que quienes no cuenten con un empleo fijo o prestaciones laborales no tienen derecho a servicios de salud públicos al menos a nivel federal (a menos que paguen su filiación al Seguro Popular). Todo esto opera a una lógica: la liberal. El individuo, núcleo ideológico del modelo, debe responsabilizarse de sí mismo, madurar y dejar de chuparle la sangre al Estado, el cual tiene cosas mucho más importantes qué hacer como por ejemplo, luchar contra el narco que pone en peligro la vida y salud del pueblo y los miembros que lo conforman, por cierto consumidores de las mismas, pues estos aún no se pueden

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