DROGAS Y LÓGICA ESTATAL
Xavier Potero
Doctorado en Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
I. Aclaraciones previas.
Este es un escrito que no tendrá como centro ninguna otra posición filosófica, analítica o política sino aquella que se desprenda de simples razonamientos basados en principios jurídicos, lógicos y filosóficos. No me interesa hacer un escrito académico. Este texto va dirigido a un lector que habite en el día a día, en el afuera del mundo de la intelectualidad, sea éste real o pretendido. Tómese más bien este texto como una gigante nota aclaratoria, crítica, al pie de página, cuyo objetivo fuera responder a las preguntas: ¿Qué legitima la penalización por parte del Estado –en nuestro caso el mexicano– del consumo y producción de drogas? ¿Cuál es la congruencia interna de ese discurso (congruencia interna)? ¿Cuál es la congruencia que el mismo tiene con las políticas adoptadas por el Estado mexicano en un escenario de realidad ideal (congruencia con referencia a un factor externo)? Así pues, aclaro de antemano que mi objeto de análisis va a incluir un Estado de honestidad ideal, entendiendo por ello aquel cuyo decir es completamente congruente con su actuar, entrecruzado con la espacialidad mexicana y la temporalidad actual. Este estado ideal se toma como no corrupto. No –para el caso en concreto– aliado al narco. Puro en sus intereses. Un Estado utópico cuyos integrantes operan en perfectas condiciones éticas. De esta forma, si se demostrara que inclusive bajo condiciones de idealidad la penalización del consumo y producción de drogas resultara contradictorio con el discurso del Estado, lo que se puede esperar en una realidad real cae por su propio peso. Paralelamente y por mi parte, no caeré en ninguna discusión bizantina con respecto a lo dañinas o inocuas que son las drogas y concederé –sea cierto o no– que todas (usando la expresión recurrentemente presentada por quienes dicen combatir el consumo de drogas) destruyen al consumidor, pues así me lo dicen los cortes comerciales pagados con las contribuciones del pueblo mexicano, y yo, por vivir en un Estado ideal, me veré obligado a creerles al menos al principio de este texto.
Contestar estas preguntas sin más sería como lanzarse de un risco hacia el mar sin conocer la profundidad de sus aguas. Así que comenzaré cautelosamente partiendo de algunas definiciones. Cualquier bachiller o estudiante de licenciatura sabe casi como credo que el Estado es el conjunto de población territorio y gobierno; que el Estado tiene leyes que regulan la conducta de los integrantes del pueblo; e instituciones que las promulgan a la par de vigilar la aplicación y sancionar a los infractores de las mismas. Éste se crea artificialmente tras el acuerdo en ese sentido, por parte de todos aquellos detentadores de voluntades libres y que aunada e históricamente habiten un territorio sobre el cual ningún otro pueblo se arrogue un derecho de posesión. El acuerdo es dado en algún momento determinado del pasado. Se conoce como contrato o pacto social y tiene la finalidad de crear mecanismos que fomenten la supervivencia del pueblo en su conjunto y de las personas que lo conforman en lo individual. Literalmente, teoría del Estado de preparatoria. Bonita y aceptada. Al menos así es como nos vemos todos adoctrinados en algún momento existencial. Bajo una lógica simplista es natural que todo resulte simple. Un poco al estilo de los anuncios que hoy en día publicitan justamente las acciones del Estado mexicano y que nos explican el por qué de las reformas hacendarias, por ejemplo, y en cuyo colofón se escucha –tras la ilustración y justificación de las modificaciones a las leyes– frases como: “pues, sí” o “gracias, jefe , ahora sí ya entendí”. Como sea, quiero creer por el momento que el Estado existe para garantizar nuestra supervivencia en condiciones dignas. ¿Porque si no tendríamos que encontrarnos sujetos a determinaciones externas y que no provienen de nosotros sino únicamente de manera indirecta mediante nuestros representantes? En este sentido, Hobbes propuso en 1651 el fomento a la vida digna como justificación al derecho del Estado para, por un lado, dictar límites a las conductas
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