EL IMPACTO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Adela Cedillo Si la importancia de los procesos históricos se pudiera medir en función de la producción historiográfica que suscitan, el movimiento que se desarrolló entre el verano y el otoño de 1968 (M-68) en el Distrito Federal podría ser considerado el más trascendente de la historia mexicana contemporánea. Si bien este movimiento representó uno de los principales puntos de inflexión en la época de la guerra fría en México, el hecho de que goce de tanta popularidad es atribuible tanto a la cantidad y calidad de sus participantes (muchos de los cuales han plasmado sus testimonios y reflexiones por escrito), como a la aceptación social que tuvo, lo que algunos han calificado como el triunfo de la batalla cultural por la memoria.1 El movimiento estudiantil del ’68 ha sido el único rescatado para la posteridad a partir de una valoración fundamentalmente positiva, que lo ubica como el gran “parteaguas” político de la historia mexicana reciente. No obstante, esta interpretación tan consolidada y poco debatida, remite al problema de reconocer los alcances del mito o la verdadera dimensión del fenómeno, pues ciertamente el M-68 no logró la apertura efectiva del sistema político, como sí lo consiguieron los quince años de actividad del movimiento armado socialista urbano y rural (1962-1977), que desembocaron en una reforma política que en 1977 posibilitó el reconocimiento legal de los partidos de oposición. ¿Habrá sido sobrevalorado el M-68 como una estrategia permitida y alentada por el gobierno para minimizar la importancia de la lucha guerrillera? Esta es una pregunta difícil de responder, a la luz del escaso interés que ha suscitado el fenómeno de la llamada “guerra sucia” de los setenta, pero si se concede que la lucha armada tuvo mayores alcances políticos que el M-68 en sí mismo, estaríamos ante la paradoja de que no fue el movimiento estudiantil reprimido sino uno de sus subproductos el que marcó un hito en la política nacional. Evidentemente, el M-68 no fue la causa primaria de la aparición del fenómeno del guerrillerismo -cuya primera oleada puede datarse entre 1962 y 1968-,2 pero su desenlace represivo sí tuvo una importancia capital en el desencadenamiento del clima de violencia que marcó al país a lo largo de la década de los setenta, y fue una poderosa motivación para los actores que protagonizaron la segunda oleada guerrillera, entre 1968 y 1982. A cuarenta años del M-68, considero prioritario ampliar el horizonte historiográfico y abandonar las interpretaciones “aislacionistas” del sesentayocho, a fin de enfocarlo también como la plataforma que vuelve inteligibles otros fenómenos, entre ellos el de la soterrada “guerra sucia” mexicana. Este ensayo no persigue otro objetivo que mostrar los efectos inmediatos del M-68 entre aquel sector de estudiantes que, radicalizados por el terror estatal, cambiaron las ciudades por las sierras y las aulas por las casas de seguridad. En la primera parte abordo someramente los acontecimientos más importantes del M-68, en la segunda describo la partición del espectro de la izquierda armada a partir de la matanza de Tlatelolco y en la tercera concluyo con una reflexión sobre la opción gubernamental por la guerra preventiva. El ’68 mexicano, una historia de alegría y terror La sociedad civil que construyó el M-68 y que fue a la vez construida por él, no sólo se configuró como un espacio autónomo del Estado, sino que también fue independiente de las organizaciones de izquierda fraccionadas hasta el infinito. Parece casi una obviedad decir que el M-68 no fue de izquierda ni aspiró al socialismo –pese a que sus principales dirigentes hubieran sido en su mayoría militantes del Partido Comunista Mexicano o de alguna otra organización socialista–, pero no está de más hacer hincapié en su carácter plural, incluyente y excepcionalmente masivo, así como en su falta de uniformidad ideológica y en la centralidad de su lucha por las libertades democráticas. Precisamente, la gran herejía de este movimiento de masas fue anteponer el valor de la libre participación ciudadana al de la unidad nacional encarnada en el PRI. Para los llamados sesentayocheros el discurso oficial del nacionalismo revolucionario era obsoleto y el forzado consenso priísta agonizaba. El cambio en la percepción del sistema político determinó que ciertos hechos aparentemente fortuitos desencadenaran un movimiento de grandes proporciones. Una gresca entre estudiantes preparatorianos de signos opuestos, que por si sola no hubiera tenido mayor relevancia, marcó el inicio del conflicto, pues en el contexto de la proximidad de los XIX Juegos Olímpicos a celebrarse en la Ciudad de México en octubre, el gobierno sintió una gran presión para preservar la paz pública sin el menor indicio de alteración. No obstante, la brutalidad de las fuerzas del orden provocó exactamente lo que se quería evitar: que los diarios se llenaran de noticias sobre “zafarranchos” entre estudiantes y corporaciones policíacas y militares, y que las manifestaciones de descontento fueran in crescendo.
Es muy factible que, ante la respuesta estudiantil, el gobierno hubiera contemplado la fabricación de una coartada que justificara el encarcelamiento de una multitud de dirigentes del PCM y la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED). La coyuntura propicia se presentó los últimos días de julio, pero el empleo del ejército para someter a los “subversivos”, desbordó completamente los planes del ejecutivo. Todas las escuelas públicas de educación superior del DF y algunas de otros estados se fueron a huelga. El pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga (CNH), con sus demandas justas y moderadas, tácitamente proclamó el establecimiento de una nueva relación entre la sociedad civil y el poder central, al indicarle al gobierno lo que tenía que hacer con sus fuerzas represivas.3 El movimiento ni siquiera cuestionaba la legitimidad del ejecutivo y hasta confiaba en sus atributos legales para dirimir este tipo de conflictos. El problema es que, a diferencia de otros grupos que habían luchado por la toma del poder o por la resolución de demandas laborales o estudiantiles concretas, el M-68 planteó que el gobierno federal debía obedecer el mandato de una ciudadanía que se expresaba a través de un enorme y compacto cuerpo social. De esta manera, el movimiento empleó el lenguaje hasta entonces reservado para el partido oficial: el de las grandes concentraciones como sinónimo de democracia. En suma, el movimiento se inspiraba en los principios jurídicos que debían regir a las naciones liberales, como se pretendía que era la mexicana. La Constitución establecía que la soberanía dimanaba del pueblo y estipulaba puntualmente cuáles eran las garantías individuales. El abogado presidente, que se concebía a sí mismo como un defensor a ultranza de la ley y las instituciones, no toleraba que una horda de jóvenes “malagradecidos”, pretendiera darle lecciones de Derecho Constitucional, o peor aun, que quisiera valerse del sacralizado marco legal para ponerlo en su contra. Esto era especialmente irritante para el poder, ya que su argumento favorito para descalificar a la oposición es que ésta obedecía a principios ajenos a la idiosincrasia nacional (la manida “conjura comunista internacional”). En la medida en que el M-68 exhibía una de las contradicciones más terribles del sistema (la violación de la ley por parte de sus preservadores), quedó también al descubierto que para el régimen tanto el principio de autoridad como la razón de Estado estaban absolutamente por encima de todo. Como en los sistemas políticos premodernos, la ley que las instituciones cumplían no era la de la Constitución, sino la que disponía la máxima autoridad. Una revisión al acervo que pacientemente ha reunido el Comité ’68 Pro Libertades Democráticas A.C., haría pensar que, si no toda, una buena parte de la ciudadanía respaldaba a los estudiantes: miles de cartas, volantes, folletos, calcomanías, carteles, fotografías, etc. dan cuenta de ese apoyo. La contraparte son los miles de telegramas que llegaban todos los días a la oficina de la Presidencia, enviados no sólo por autoridades de todos los niveles, dependencias y lugares de la república, sino por ciudadanos ordinarios, muy influidos por la propaganda anticomunista y clerical, quienes felicitaban al presidente y le externaban su incondicionalidad a su figura.4 Se puede apreciar claramente que, aunque cada bando creía que el “pueblo” estaba de su lado, la ciudadanía estaba dividida. En última instancia, el corporativismo llevaba las de ganar. Contra sus mecanismos de sujeción y penetración, su presencia en cada rincón del país, su aparato propagandístico envolvente y su facultad para invocar el terror, no podían competir las ingeniosas brigadas estudiantiles que intentaban informar al “pueblo” con la presión policíaca y militar encima. Pese a su empatía con las causas populares, el M-68 no pudo trascender las fronteras sociales ni captó al grueso de las clases subalternas para su lucha.5 Sin embargo, fue el primer movimiento social del centro que impactó a toda la periferia. Toda la izquierda mexicana y los sectores progresistas de la sociedad participaron directa o indirectamente en él, aunque estuvieran lejos del epicentro de los acontecimientos. De este modo, la sociedad civil, hasta entonces constreñida por el corporativismo, se desenvolvió incipientemente en un espacio político disputado al régimen, traducido en un espacio físico incluso, como el de las calles y plazas de la ciudad, que tenían una poderosa carga simbólica y que fueron ocupadas por los disidentes en varias marchas y mítines. Estas concentraciones asombrosas de cientos de miles de personas no se habían visto más que en actos oficiales. Además, es importante destacar que el bloque hegemónico no gozó del favor de la joven intelectualidad. De hecho, podría decirse que el M-68 fue el único movimiento social en los últimos cincuenta años que pudo atraer la simpatía de intelectuales que no eran de izquierda, y también fue el primero que desató una amplia solidaridad internacional, especialmente en Europa Occidental y en algunos países latinoamericanos. Finalmente, la trascendencia del M-68 radica en que fue un clímax de liberación y terror. En ningún otro movimiento social mexicano del siglo XX se puede apreciar tanto talento, vitalidad, frescura e ironía crítica pero, sobre todo, un nivel tan alto de politización ciudadana. Sin embargo, cuando el terror comenzó a desplegarse con más fuerza, este lenguaje juvenil fue reemplazado por un vocabulario martirológico y de culto a la sangre derramada. Un sector empezó a concebir al movimiento como una víctima indefensa de la bestia bíblica hecha gobierno. Entre otros, en cambio, privó hasta el final cierta actitud triunfalista, pues ingenuamente creían que no era posible que el movimiento de masas más importante que había surgido en décadas fuera a ser aplastado sin ninguna concesión. Algunos autores han insinuado que el movimiento también tuvo cierta responsabilidad en el escalamiento de la violencia, pues pese a los signos de debilidad y desgaste que comenzaba a mostrar, siguió radicalizándose aun cuando no había más que una muralla de incapacidad negociadora y falta de voluntad política frente a él. En suma, del exceso de confianza de sus líderes, deriva una actitud irresponsable y hasta provocadora.6 Sin embargo, en el complejísimo escenario previo al 2 de octubre, no había muchas opciones viables. Tendencialmente, ningún movimiento social fuerte ha aceptado nunca un repliegue con las manos vacías. La otra opción, descartada a priori por la vocación pacifista y democrática de la mayoría de los participantes, era la de trasladar el conflicto al terreno de la rebelión armada. Entre los extremos que iban del derrotismo al maximalismo radical, la búsqueda de la negociación se imponía como la única salida. Quizá podría admitirse la inconveniencia de que el CNH actuara como si la correlación de fuerzas le fuera favorable –y en ese sentido el poner condiciones para el diálogo fue un error táctico–, pero de lo que no puede haber duda es que el movimiento hizo lo que pudo en medio del cerco que se le impuso y de la compleja red de intereses que se creó al interior del CNH. Ante los fracasos que habían representado las tomas militares y policiacas de la Ciudad Universitaria (18 de septiembre) y la del Casco de Santo Tomás (23 de septiembre) para desarticular al movimiento, al gobierno ya no le quedó el menor asomo de duda respecto al tipo de “solución definitiva” que daría al problema. La “tercera llamada” fue rotunda. El presidente dispuso de absolutamente todos los recursos con que contaba para tapar la fisura en el monolito de la “unidad nacional”. Desde su lógica, valía la pena acabar con las vidas de algunos cuantos decenas o cientos de “subversivos” para garantizar la paz social. Cuando GDO ordenó que se preparara un nuevo operativo para terminar de tajo con el movimiento, no tuvo en mente otro propósito que evitar que los “antipatriotas” dejaran en ridículo a su gobierno, intentando sabotear las olimpiadas (si hubiera tenido una consigna, ésta habría sido: “¡no queremos democracia, queremos juegos olímpicos”, como observó atinadamente Carlos Monsiváis).7 Jamás entendió la dimensión del problema que tenía ante sí y confió excesivamente en la salida militar al conflicto. A diez días del inicio de las olimpiadas, el 2 de octubre, el CNH convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, al que asistieron ocho mil personas aproximadamente. Esta fecha es, con mucho, la más importante del santoral de la izquierda. Es también la que representa uno de los retos más difíciles para los historiadores que se ocupan de la guerra fría mexicana, puesto que la abundancia de reconstrucciones fácticas sobre los sucesos ha sido inversamente proporcional a su esclarecimiento. La manera tan tortuosa en que procedieron las corporaciones policíacas y militares, las manifiestas desavenencias entre el secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán y el jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropeza, el oscuro papel que desempeñaron Echeverría y Gutiérrez Barrios y, finalmente, el gran misterio que rodea la cuestión del número total de heridos, muertos y desaparecidos, así como su destino final, son algunos de los hilos de esta madeja cubierta de sangre, que tan difícilmente se puede tocar, dados los intereses políticos que históricamente la han rodeado.8 Desafortunadamente, parte del debate central sobre la masacre ha recaído en la inculpación o exculpación del ejército, cuando todas las pruebas apuntan a que éste cometió crímenes de lesa humanidad de forma masiva.9 Los actos reiterados de represión al movimiento cimbraron a la sociedad civil del país y pusieron en entredicho la legitimidad del sistema político. Una parte de la ciudadanía se desmarcó definitivamente del consenso priísta y éste se vio erosionado también como resultado de las contradicciones en el seno del grupo hegemónico. Ambas presiones pudieron haberlo resquebrajado por completo, pero el gobierno instrumentó una política que posibilitó su continuidad. Después del 2 de octubre, quedó más que demostrado que el Estado, que venía masacrando periódicamente a sus ciudadanos disidentes, objetivamente era ilegal e ilegítimo, pero lo que lo mantuvo firme fue la legitimidad virtual que le confirió el extendido aparato corporativo. Por convencimiento o conveniencia, los sectores mediatizados refrendaron su respaldo al partido de Estado y éste demostró que con todo y el 2 de octubre de por medio, era posible seguir viviendo en el marco de esa virtualidad, así como en el simulacro permanente de la legalidad. Para el sector de la sociedad civil que menos tiempo tenía de participar en política, la represión fue una vacuna efectiva contra cualquier reclamo. La izquierda militante, acostumbrada como estaba al terror estatal, encontró en cambio nuevas razones para no apartarse del sendero de la disidencia. De hecho, una parte de ella interpretó la fractura del pacto social como un rompimiento absoluto de éste. A través de sus mecanismos hegemónicos y coercitivos, el Estado hizo todo lo posible por evitar una crisis de gobernabilidad y logró conjurar una respuesta mayor de la sociedad civil. De esta manera, se hizo más grande el desfase entre la ausencia de un pacto político legítimo y la aquiescencia del grueso de la población. Sólo un pequeño sector respondió con creces al desafío planteado por esta ausencia de legitimidad: los activistas radicalizados que optaron por la lucha armada, de los que hablaré a continuación. Del M-68 al M-1 Aunque contaban con varios abogados en su seno, las organizaciones armadas no acudieron a esta argumentación, como décadas después lo haría el EZLN, que en su Primera Declaración de la Selva Lacandona expresaba, citando el 39° artículo constitucional, que todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, por lo que éste tiene en todo momento el derecho inalienable a alterar o modificar la forma de gobierno.10
Este planteamiento jurídico entraña una aporía, pues el movimiento armado socialista de los setenta tuvo visos de legalidad, en la medida que se propuso acabar con un gobierno ilegítimo, pero la mayor parte de la ciudadanía –el “pueblo”– no estuvo a su favor. El movimiento armado no fue el representante del “pueblo”, aunque se haya concebido a sí mismo como tal. El gobierno tampoco lo era, pero disponía de una maquinaria de hegemonía y terror para simular lo contrario. Independientemente de la contradicción legal, ¿fue o no legítimo el movimiento armado? Desde mi punto de vista sí, dado que no se puede obviar que quienes lo integraron formaban una fracción del “pueblo” por sobradas razones descontenta con la forma de gobierno. Además, el PRI había forjado la conciencia de que la revolución era fuente de legitimidad, por lo que el razonamiento más elemental para muchos es que sólo con otra revolución se reconstituiría la legitimidad perdida del sistema político. Los activistas radicalizados estaban demasiado enardecidos como para detenerse a teorizar sobre este y otros aspectos de fondo. Los que lo hicieron, partieron básicamente de cuestiones doctrinarias y se fijaron la implantación del socialismo como una prioridad. Todos los grupos armados, sin excepción, coincidieron en ello. Sin embargo, su principal justificación para tomar las armas fue la idea de que todos los espacios de participación política abierta estaban clausurados. La violencia revolucionaria fue concebida entonces como una necesidad histórica para acabar con un orden de cosas fundamentalmente injusto y para resolver de manera definitiva los grandes problemas nacionales a los que no se les veía salida a través de los cauces legales. La ultraizquierda post-68, al igual que su antecesora, se construyó como un crisol de voluntades de jóvenes dominados por la ideología y empujados por las circunstancias. Los guerrilleros en ciernes vislumbraron la lucha armada como un imperativo categórico, sin embargo, tuvieron la libertad de decidir si permanecían en la superficie o si hacían política subterránea. En cualquier caso, la represión siempre marcaría los límites de su praxis, si bien la lucha armada ofrecía al menos un margen estrecho de autodefensa, pese a todas sus desventajas.11 Inmediatamente después del 2 de octubre, los activistas más indignados, hubieran o no militado en alguna organización, comenzaron a discutir cuál debía ser la siguiente fase del movimiento. Tras el balance final, todo el espectro de la izquierda se reconfiguró y la presencia innegable de la ultraizquierda de algún modo influyó en que todas las fuerzas comenzaran a usar un lenguaje más radical. Las conclusiones en torno a la línea a seguir ahondaron la fractura histórica entre la izquierda “ultra” y la “reformista”. Los partidos y asociaciones de izquierda con mayor presencia nacional (los comunistas, espartaquistas, trotskistas y maoístas) permanecieron en la semilegalidad, mientras que grupos sin un perfil ideológico ortodoxo se encargaron de construir y alimentar a las organizaciones guerrilleras urbanas durante más de una década. Su fe en la nobleza de su causa los hizo creer que su accionar militar inspiraría a las masas y que juntos destruirían al sistema capitalista. A contrapelo de los diagnósticos de diversos y antiguos militantes e intelectuales de izquierda, estos grupos quisieron convencerse a sí mismos de que las famosas condiciones subjetivas y objetivas para la revolución estaban dadas y los más escépticos partieron de que no podían saber si las condiciones para la insurrección eran las propicias si no se sublevaban. La ola setentera del movimiento armado socialista tuvo una esencia urbana y una composición estudiantil. La idea de que los estudiantes debían ser la vanguardia, la punta de lanza, el organizador colectivo, la chispa que encendiera la pradera, etc., fue hija de los movimientos estudiantiles del centro y la periferia. El pináculo de esta interpretación fue la tesis de la “universidad-fábrica” desarrollada por la Organización Partidaria (embrión de la Liga Comunista 23 de Septiembre), la cual pretendía que el “destacamento estudiantil del proletariado” suplantara a éste en sus funciones de vanguardia.12 Desafortunadamente, los estudiantes no supieron leer uno de los mensajes de fondo de la experiencia del M-68: el de que la clase media había demostrado que por sí sola no podría acabar con el régimen. Y si el movimiento de masas más importante de aquellas décadas no había logrado establecer un pacto multiclasista que rebasara y reemplazara al del partido de Estado, las guerrillas tenían menos probabilidades de conseguirlo. Otra característica importante de esta segunda ola guerrillera es que las organizaciones superaron en parte el foquismo guevarista de sus antecesoras (el foco no era necesario para crear las condiciones subjetivas porque éstas “ya estaban dadas”), se mostraron más convencidas del papel del proletariado como vanguardia exclusiva y algunas se acogieron a las tesis del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros de Uruguay, quienes partían de que la victoria del movimiento se definiría en las ciudades. Consecuentemente, las noveles organizaciones armadas mexicanas concentraron sus esfuerzos en proveerse de una infraestructura operativa a través de acciones expropiatorias, entendidas como la “sustracción de recursos de la burguesía para ponerlos al servicio de la revolución”. Estas agrupaciones heredaron del M-68 su desvinculación con los sectores obreros y campesinos, así como su estructuración en brigadas. Además, gracias a que el M-68 fue masivo, la Dirección Federal de Seguridad no pudo dar seguimiento a todos los activistas que se incorporaron a la clandestinidad. Esto impidió que las nuevas organizaciones armadas nacieran infiltradas, a diferencia de sus predecesoras. Los primeros grupos proclives a la “solución militar” surgieron en el IPN a fines de 1968: los llamados “Lacandones” y los “Guajiros”. Los primeros estaban conformados por algunos jóvenes espartaquistas (de la Liga Comunista Espartaco o del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil) y otros tantos sin militancia. Fueron una de las organizaciones más grandes, pues tuvieron una base de aproximadamente 245 militantes y simpatizantes y ejercieron su influencia en tres millares de personas.13 Empezaron a actuar en 1970 a través de tres comandos: “Patria o Muerte”, “Lacandones” y “Arturo Gámiz”, aunque al ser detenidos sus primeros cuadros, en 1972, la policía los bautizó a todos como “lacandones”. Decenas de militantes de esta organización fueron detenidos entre 1972 y 1973, entre ellos sus dirigentes Carlos Salcedo, Miguel Domínguez y Valente Irena Estrada. En el segundo grupo convergieron algunos politécnicos y estudiantes y profesionistas de Chihuahua. Sus principales dirigentes fueron los ingenieros Diego Lucero Martínez y Leopoldo Angulo Luken. Los “Guajiros”, a diferencia de los “Lacandones”, extendieron sus células a los estados de Chihuahua, Jalisco, Baja California y Oaxaca.14 Su golpe más espectacular –y el que cavó su tumba– fue un triple asalto bancario en la ciudad de Chihuahua, el 15 de enero de 1972. Varios militantes fueron ejecutados (entre ellos Lucero) y otros tantos apresados, por lo que el grupo se replegó. En 1970 una pequeñísima escisión de los “Lacandones” formó el Frente Urbano Zapatista (FUZ), dirigido por Francisco Uranga y Francisca Calva Zapata (la primera mujer en dirigir una organización armada). Este grupo fue el primero en llevar a cabo el secuestro político de un funcionario federal: el de Julio Hirschfeld Almada, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y yerno del multimillonario industrial azucarero neoleonés, Gral. Aarón Sáenz, el 27 de septiembre de 1971. Aunque la familia pagó el rescate y el grupo entregó con vida al susodicho, a comienzos de 1972 la policía ubicó a sus miembros y éstos fueron aprehendidos, con la consiguiente desintegración del FUZ.15 A comienzos de 1971, un par de maestros de la Preparatoria Popular “Héroes de Tacubaya” fundó los Comandos Armados del Pueblo (CAP), que se conectaron estrechamente con la ACNR, por intermediación de Pablo Alvarado, para quien estar preso no era óbice para desarrollar labores clandestinas. El CAP era tan pequeño como el FUZ y sus pocos miembros fueron detenidos tras sus primeras acciones expropiatorias. A finales de 1970, un sector muy crítico de la Juventud Comunista (JCM), encabezado por Raúl Ramos Zavala –a la sazón miembro de su Comité Central y una de las mentes más brillantes de su generación– acusó al PCM de haber sostenido posiciones claudicantes de forma recurrente y rompió con este organismo.16 Los escindidos formaron una agrupación radical, conocida como los “Procesos”, por el documento que enarbolaron titulado “El proceso revolucionario en México”.17 Este ensayo fue el primero en justificar teóricamente la autodefensa armada, aduciendo que ésta era el único medio capaz de crear las condiciones propicias para la subsistencia y desarrollo del movimiento de masas. Los “Procesos” aún debatían su paso a la clandestinidad cuando la matanza del 10 de junio de 1971 los precipitó por ese camino.18 Sin embargo, su principal ideólogo y dirigente, Raúl Ramos, fue asesinado en febrero de 1972. Tomó su lugar Ignacio Arturo Salas Obregón, un exlíder del Movimiento Estudiantil Profesional –filial de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana– que se había formado con sacerdotes jesuitas partidarios de la “opción preferencial por los pobres” y que, junto con un grupo de correligionarios de Monterrey, N.L. y el DF, se había sumado a los “Procesos”. En la periferia hubo dos experiencias particularmente interesantes al comenzar la década de los setenta: la del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) en Guadalajara, Jalisco y la de los llamados “enfermos” de la Federación Estudiantil Universitaria de Sinaloa (FEUS). Ambos grupos surgieron de movimientos estudiantiles masivos y estaban sumidos en una dinámica de mucha violencia, en la que se acostumbraron a enfrentar con las armas a los grupos porriles y paramilitares que albergaban sus universidades. El movimiento “enfermo”, además, fue el único de los estudiantiles que logró cierta vinculación con sectores obreros y campesinos. A comienzos de los setenta, los “Feroces” y los “Enfermos” aportaron los contingentes más numerosos que conocieron las organizaciones armadas urbanas.19 Otro grupo periférico importante fue el de los “Macías”, quienes desde 1967 se plantearon la lucha armada. Los así llamados provenían de una escisión del Movimiento Espartaquista Revolucionario de Nuevo León, fundado en 1964 y dirigido por Severo Iglesias. Tuvieron presencia en los estados de Durango, Nuevo León y Tamaulipas y algunos de sus cuadros dirigieron muchas de las acciones armadas más trascendentes que se verificaron en Monterrey, N.L. entre 1971 y 1974. Todos los golpes que recibió la guerrilla a comienzos de 1972 configuraron el llamado “invierno gris”. El movimiento armado se estacionó ahí: su invierno duró por lo menos diez años más. Pese a todo, el mismo año axial de 1972, los fragmentos que quedaban de las organizaciones descritas formaron una coordinadora guerrillera nacional –la única en su género forjada durante el periodo estudiado– a la que denominaron “Organización Partidaria” (OP). Sus principales impulsores fueron los “Procesos” y en ella confluyeron los “Lacandones”, los “Guajiros”, los “Macías”, los “Enfermos” y los “Feroces”. Una parte del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), que por entonces ya se había fusionado con los restos del Movimiento 23 de Septiembre y había dado lugar al MAR-23, también se integró al proyecto. Un año después, un 15 de marzo de 1973, la OP fundó la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), la organización guerrillera urbana más singular en la historia de los movimientos sociales mexicanos y la única que pudo haber representado un dolor de cabeza para el gobierno de Luis Echeverría, ya que fue la que más cerca estuvo de afectar la estabilidad del régimen. La LC23S fue un referente para definir el espectro político de la izquierda, ya que literalmente marcó un non plus ultra. Aunque se han escrito algunos ensayos sobre esta organización de leninistas de ultraizquierda (valga la paradoja), está pendiente la realización de la gran obra histórica que explique cómo fue posible que surgiera un organismo de esa naturaleza en un país en el que no existía una tradición de violencia extrema por parte de la izquierda doctrinaria.20 Al margen de esta complicada gama de organizaciones, a fines de 1968 surgió el Ejército Insurgente Mexicano (EIM), que aglutinó a estudiantes de la Ciudad de México, Monterrey y Yucatán, bajo el liderazgo del controvertido periodista y director de la revista Por Qué?, Mario Renato Menéndez Rodríguez. El EIM fue un grupo tardíamente guevarista, que intentó poner en práctica los principios foquistas a través de la instalación de un campamento guerrillero en el corazón de la selva lacandona. El proyecto fracasó, pero nueve jóvenes entusiastas persistieron en la utopía armada y conformaron las Fuerzas de Liberación Nacional, presididas por César Yáñez Muñoz. Las FLN estuvieron a punto de ser destruidas por la actividad contrainsurgente que se desplegó en el año de 1974, no obstante, sobrevivieron y en 1983 fundaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la selva lacandona, organización que garantizó la existencia de una tercera y singular oleada guerrillera, en las postrimerías del siglo XX. Crear dos, tres, muchos Tlatelolcos A través de la historia de la guerrilla latinoamericana, que ha sido recurrente en las últimas décadas, vemos que no hay más que dos alternativas: o el Estado se endurece progresivamente, anulando los valores que dice defender, y transformándose en la práctica en un estado-terrorista, como los vimos en las dos décadas pasadas en las naciones del Cono Sur, o se busca una salida política, una negociación civilizada entre las partes, para lograr un acuerdo de paz…21 Por eso, las máximas autoridades policiacas y militares declaraban desembozadamente y con insistencia que era necesario el exterminio de los grupos extremistas. La intención genocida quedaba claramente configurada, pues para el Estado que ejerce el terror no es suficiente con castigar, hay que destruir de raíz, como una presunta garantía de no repetición. El presidente buscó aniquilar físicamente a un enemigo al que no tuvo la capacidad de aplacar por otros medios. Al igual que su antecesor, adoptó una línea estratégica contrainsurgente para desarticular todo aquel movimiento (armado o no) que fuese percibido como factor potencial de desestabilización. El mensaje era más que claro: no se permitiría otro M-68, aunque ello implicara crear dos, tres, muchos Tlatelolcos. La ventaja adicional de esta forma de proceder era que el gobierno demostraba a los Estados Unidos su capacidad para resolver los conflictos internos. Así, el gobierno fue el primero en emplear el lenguaje de la violencia y provocar el terror, pero no lo hizo porque creyera que un puñado de pequeñas organizaciones armadas con su poca capacidad de fuego tuviera posibilidades de derrocarlo y tomar el poder. Aunque había incertidumbre y hasta miedo ante un enemigo invisible, diseminado entre la población, el gobierno estaba consciente de que las guerrillas no podían aliarse a los movimientos y organizaciones “reformistas” o “demócratas” por sus desavenencias internas, y si en ellos no encontraban resonancias, con más dificultades las hallarían entre la población.23 ¿Por qué entonces preocuparse por exterminar a una izquierda armada tan débil? ¿Por qué violar el marco jurídico en la consecución de este propósito, sin siquiera decretar la suspensión de las garantías individuales para al menos disfrazar el abuso de poder con un barniz de legalidad? Hacia mediados de la década de los sesenta el PRI empezó a experimentar un creciente faccionalismo en su seno, lo que determinó que se mostrara cada vez menos dispuesto a negociar con actores ajenos a su estructura corporativa o que no pasaran por sus canales de mediatización. En la medida en la que los conflictos a su interior alejaban cada vez más al partido de Estado del modelo monolítico al que aspiraba, éste tendió a cerrar más el espacio político para la sociedad civil. Todos aquellos que pretendieran vulnerar los límites establecidos se colocaban a sí mismos como blancos de la represión, sin importar que fueran radicales o demócratas (todos eran “subversivos”), aunque por supuesto, la izquierda armada se llevó la peor parte. Lo que el gobierno en última instancia no quería era ceder un ápice de poder a sus peores enemigos, ni aceptar el conjunto de demandas específicas que le planteaban algunos grupos armados, particularmente en el medio rural. En suma, no quería perder el monopolio político ni modificar la estructura piramidal de poder. Por otra parte, para Echeverría era particularmente estorboso tener guerrillas cuando buscaba consolidar su liderazgo en el “tercer mundo”, apelando a su supuesta trayectoria de liberal de izquierda. Así, se enfrascó en la peripatética situación de fingirse progresista para aislar a las guerrillas para luego abocarse a destruirlas sin contemplaciones, a fin de poder continuar con la simulación. El ejecutivo deseaba fulminarlas en un plazo perentorio, para que nadie más escuchara ese ruido de fondo que resonaba débilmente en todas las paredes del sistema político mexicano. Coincido con Sergio Aguayo en que las guerrillas no representaban una seria amenaza para la seguridad nacional, pero difiero de su planteamiento de que las fuerzas encargadas de la contrainsurgencia, como la DFS, magnificaran a sus enemigos para justificar desde el presupuesto hasta su existencia propia.24 El alarmismo tenía razón de ser por la cantidad de conflictos sociales que se presentaban día a día en toda la república. Además, la guerra de baja intensidad contra la ultraizquierda y el agrarismo armados coincidió con la reactivación de varios movimientos sociales, como el urbano-popular y la llamada “insurgencia obrera”. Aunque no convergieran, el movimiento armado y los movimientos sociales abiertos generaban un panorama que podía llegar a ser desolador para un presidente que, como Echeverría, quería tenerlo absolutamente todo bajo control. Era dificultoso para las fuerzas del orden estar apagando los incendios que se sucedían casi ininterrumpidamente en cada estado de la federación. No tenían reposo y se les debía dar un presupuesto amplio, que facilitara su labor. Por más autocomplaciente que fuese Echeverría, hubiera sido un estadista ciego si no hubiera advertido en esos miles de resúmenes sobre la situación nacional que le hacía llegar la DFS todos los días, que había signos reiterados de desgaste en la aceptación popular al régimen establecido, mismos que si no se controlaban desde sus inicios, podían llegar a desbordar al sistema político en el largo plazo. Entonces, en lugar de ceder, lo que hizo el Estado administrado por esta camarilla fue posponer la apremiante participación política de la sociedad civil inconforme a como diera lugar, a través de la eliminación de aquellos que aun lejanamente pudieran poner en riesgo el consenso priísta. Desde la perspectiva de los estadistas del partido, el terror era necesario para inhibir el crecimiento del conflicto social, sobre todo, el del descontento armado. Sin duda, lo más sucio de la guerra fue que se hiciera bajo lineamientos de carácter preventivo y no porque la “peligrosidad” de los subversivos ameritara tanta saña. Fue tan desproporcionado el remedio en relación a la “enfermedad” como si se quisiera combatir una plaga haciendo uso de armas atómicas. Probablemente ningún antecesor de Echeverría ejerció el terror en las proporciones vistas entre 1970 y 1976, apelando a una unidad nacional imposible y combatiendo con todos los recursos a un enemigo al que se quiso ver no como realmente era sino como potencialmente podía ser, en función del miedo que se le tenía. De este modo, la llamada “guerra sucia” fue en realidad una dosificación de lo que se puede denominar como la “solución 2/10/68”, aplicada a cada “subversivo” torturado, ejecutado, desaparecido, incinerado o arrojado al mar clandestinamente. Los saldos de esta guerra, nunca reconocida y escasamente estudiada, representan uno de los grandes pendientes de la historiografía de la guerra fría en México. ______________________________________ 1 Pese a que hasta la fecha no ha habido un reconocimiento jurídico por parte del Estado mexicano de que el 2 de octubre se cometieron delitos de lesa humanidad, son toleradas las expresiones que desde las instituciones plantean un reconocimiento explícito al movimiento y a su desenlace represivo. En este contexto, en el año 2007 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inauguró un Memorial dedicado al movimiento estudiantil de 1968 en el antiguo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Este es el primer museo mexicano dedicado exclusivamente a un movimiento social contemporáneo. 2 Las organizaciones más representativas de la primera oleada guerrillera son: el Movimiento 23 de Septiembre, el Partido de los Pobres, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, la Unión del Pueblo y el Movimiento de Acción Revolucionaria. 3 Los famosos seis puntos del pliego petitorio, eran: 1) Libertad a los presos políticos; 2) destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también del teniente coronel Armando Frías; 3) extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo de la represión, y no creación de cuerpos semejantes; 4) derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal (delito de disolución social), instrumentos jurídicos de la agresión; 5) indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante; 6) deslindamiento [sic] de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y Ejército. Raúl Álvarez Garín. La estela de Tlatelolco. Una reconstrucción histórica del movimiento estudiantil del 68. 4 ed. México, Ítaca, 2002, p. 286. 4 Estos telegramas y cartas pueden consultarse en el AGN, Fondo Presidentes, Gustavo Díaz Ordaz. 5 El gobierno de GDO repartió casi 25 millones de hectáreas de tierras, incluso por arriba de Lázaro Cárdenas, que repartió poco menos de 19 millones (por supuesto, de mayor calidad). De esta forma se tenía garantizado el apoyo del sector mayoritario del campesinado a nivel nacional. Estadísticas históricas de México. T. 1. México, INEGI, 1990, p. 295, cuadro 7.1. Las fuerzas independientes con las que el M-68 hubiera podido aliarse, como los ferrocarrileros y maestros que habían protagonizado las movilizaciones de la década anterior o los campesinos agrupados en la CCI, estaban completamente diezmados por la represión. 6 El representante más connotado de las tesis revisionistas ha sido el exdirigente estudiantil del M-68 Luis González de Alba, cuyos artículos aparecidos en diversos medios se caracterizan por sus posiciones cada vez más críticas hacia el mismo y han servido de base a interpretaciones de corte conservador. 7 Julio Scherer García y Carlos Monsiváis. Parte de guerra II. Los rostros del 68. México, Aguilar, 2002, p. 154. 8 Mi hipótesis personal sobre los hechos, con base en la revisión de numerosas fuentes y documentos de los fondos SEDENA, DGIPS y DFS del AGN, es que el presidente delegó la coordinación del operativo tanto en Echeverría como en García Barragán. La SEDENA dispuso que el Batallón Olimpia (BO), destinado originalmente a la seguridad de las olimpiadas, fungiera como una fuerza de elite para disuadir el mitin. Una parte del BO fue seleccionada para que se apostara en el tercer piso del edificio Chihuahua, con el fin de disparar a la multitud y simular que los agresores eran estudiantes, así como para detener a los dirigentes del CNH. Gutiérrez Oropeza, malinterpretando o desacatando las órdenes de García Barragán, colocó a diez oficiales del EMP en las azoteas de diferentes edificios, como francotiradores. Por su parte, Echeverría también ordenó que la DFS enviara a algunos de sus agentes para que hicieran disparos al mismo nivel de la multitud. Tanto los tiradores de las azoteas como los agentes secretos iban vestidos como estudiantes. Los primeros se identificaban con un guante blanco, mientras que los segundos lo hacían con un pañuelo del mismo color en la mano izquierda. Las corporaciones militares y policiacas tendieron un triple cerco en torno a la plaza de las Tres Culturas, a la Unidad Nonoalco-Tlatelolco y al edificio Chihuahua. Las luces de bengala en el cielo fueron la señal para que el ejército avanzara sobre la muchedumbre y los francotiradores entraran en acción. Los primeros en realizar disparos aislados, para provocar el caos, fueron los agentes de la DFS y de inmediato lo hicieron los militares desde las alturas, con armas de diferentes calibres. Se cuidó que ningún líder fuera asesinado, para así poder acusarlos a todos de haber sido los autores materiales de la matanza. A las distintas corporaciones militares que intervinieron, previamente se les había ordenado no disparar a menos de que tuvieran cinco bajas, sin embargo, Hernández Toledo fue el primero en ser intencionalmente herido para provocar al ejército. Los soldados contestaron el fuego, ignorando que quienes los atacaban era también militares. Para las autoridades era conveniente que el tiroteo se prolongara por horas, para dar credibilidad a la versión de que los “estudiantes” disparaban contra el ejército. Bajo la lógica de que estaban siendo atacados por los “subversivos”, la tropa reaccionó de una manera desproporcionada, saqueando, golpeando y matando civiles a bayoneta calada y disparando a quemarropa. (Las 22 autopsias que se conocen registran que la mayoría de las muertes fueron producidas por armas punzo cortantes y disparos horizontales). Los muertos y heridos fueron sacados en camiones del ejército y llevados al Campo Militar No. 1. Aunque sólo se conocen los nombres de cuarenta víctimas, el primer reporte del CNH –y el más verosímil al respecto– fue de 150 muertos. Las familias de los asesinados fueron amedrentadas para que no reclamaran los cadáveres. Al parecer, ninguno de los muertos había militado en organización alguna: ni uno solo de los numerosos grupos de izquierda reivindicó el nombre de un caído. Por su parte, los más de mil trescientos detenidos fueron llevados tal Campo Militar No. 1 y a otras instalaciones penitenciarias; algunos fueron liberados y otros consignados. 9 La extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) acogió la explicación que García Barragán dio a su amigo, el periodista Julio Scherer, y que éste publicó en la obra Parte de Guerra (1998). García Barragán acusó a Gutiérrez Oropeza de haber colocado a oficiales como francotiradores sin haberlo consultado y señaló que el ejército cayó en la trampa puesta por el EMP. Como he insinuado, García Barragán no fue ajeno a esa trampa, pues ¿qué hacía él la mañana del 2 de octubre, sino coordinar las actividades del BO, sobre cuya participación en el tiroteo quedan pocas dudas? Por otro lado, como parte del debate técnico-jurídico, se ha discutido si el 2 de octubre hubo o no un genocidio. La respuesta está condicionada por la interpretación que se haga del derecho internacional humanitario, con base en dos cuestiones: 1) si se puede considerar que la masa que acudió al mitin formaba parte de un grupo nacional y 2) si se puede acreditar que la intención del gobierno era exterminar a ese grupo nacional. Las opiniones de los especialistas en el tema están divididas. 10 “Declaración de la selva lacandona, 1993” en: http://www.ezln.org/documentos/1994/199312xx.es.htm, fecha de consulta: 17 de octubre de 2007. 11 Es importante advertir que en una sociedad como la mexicana, que ponderaba mucho las demostraciones de “virilidad”, traducidas en la fuerza física, para muchos jóvenes poco politizados la guerrilla se convirtió en una opción para demostrar que era posible contestar a los golpes del enemigo de la misma manera en que se hacía en los pleitos callejeros. Responder así era una forma de restituir la dignidad masculina y, en el caso de las mujeres, evidenciar que ellas también podían ponerse a la par de sus compañeros. 12 A groso modo, la tesis de la “universidad-fábrica”, elaborada en 1972, partía de que la universidad representaba una nueva rama de la producción, dedicada a la fabricación de la mercancía educativa. El proceso productivo consistía en elaborar el conocimiento y transmitirlo a la fuerza de trabajo. El estudiantado jugaba un doble papel, como objeto y fuerza de trabajo. En su calidad de obreros, los estudiantes deberían someter sus luchas particulares a los intereses revolucionarios del proletariado. Alfredo Tecla Jiménez, Universidad, burguesía y proletariado. México, Fondo de Cultura Popular, 1976, p. 26. 13 Carlos Salcedo García, Grupo guerrillero lacandones. La luz que no se acaba. México, Símbolo Digital, en prensa, p. 10. El documento de base con que este grupo justificó sus posiciones político-militares fue denominado “Nuestro Camino”. A la fecha su localización representa un reto para los historiadores de las guerrillas de esta etapa. 14 Para una historia de este grupo, véase la obra de José Luis Alonso Vargas. Los guerrilleros mexicalenses. México, 2004, versión mecanográfica y el testimonio de Diego Lucero Estrada. Sueños Guajiros, en prensa. 15 El grupo fue muy criticado por su ultraizquierdismo populista: el 10% del dinero del rescate -300 mil pesos- fue repartido en sobres de quinientos pesos en las filas de las lecherías CONASUPO. Laura Castellanos, México armado 1943-1981. México, Era, 2007, p. 183. 16 Al PCM se le acusaba de haber pretendido vender al movimiento estudiantil a cambio de su registro electoral y, peor aún, de haber promovido el levantamiento de la huelga estudiantil en diciembre de 1968. En efecto, ante el descabezamiento del CNH, los miembros de la JCM retomaron las riendas de este organismo y decidieron terminar la huelga sin que se hubiera cumplido ningún punto del pliego petitorio. Por otra parte, en el verano de 1969, aproximadamente quinientos estudiantes comunistas (la mayoría de la JCM) fueron expulsados de las Escuelas Normales Rurales del país y el partido siguió sin mostrar capacidad de reacción. Por el contrario, la dirigencia comenzó a plantearse la necesidad de disolver a la JCM, lo cual llevó a cabo en 1972. José Sotelo coord., Informe Histórico a la Sociedad Mexicana ¡Qué no vuelva a suceder! México, FEMOSPP, 2006, cap. VII, p. 356. 17 Vid. Raúl Ramos Zavala. “El tiempo que nos tocó vivir” y otros documentos de la guerrilla en México. México, 2003. 18 Antes de este episodio, Ramos creía que no había que abandonar la lucha por las libertades políticas ni las formas de lucha pacíficas. También pensaba que el núcleo de autodefensa armada podría tener una estructura clandestina pero no necesariamente subterránea. Ibid. p. 53. 19 Para una introducción al movimiento armado en Jalisco, véase Sergio René de Dios Carmona. La historia que no pudieron borrar. La guerra sucia en Jalisco. 1970-1985. Guadalajara, La casa del Mago, 2004 y Ramón Gil Olivo, “Orígenes de la guerrilla en Guadalajara en la década de los setenta” en Verónika Oikión y Marta Eugenia García, eds., Movimientos armados en México, siglo XX. México, COLMICH/CIESAS, 2006, vol. p. 549-576. Sobre los “enfermos” véase Sergio Arturo Sánchez Parra. La guerrilla y la lucha social en Sinaloa. 1972-1974. Culiacán, El autor, 2000 (tesis de maestría en Historia Regional, Facultad de Historia/UAS). 20 Para una introducción al tema, véase: Gustavo Hirales. La Liga Comunista 23 de Septiembre. Orígenes y naufragio. México, Ediciones de Cultura Popular, 1977 y del mismo autor Memoria de la guerra de los justos. México, Cal y Arena, 1996 y Castellanos, op. cit. passim. 21 Gregorio Ortega, comp. Fernando Gutiérrez Barrios. Diálogos con el hombre, el poder y la política. México, Planeta, 1995, p. 120. 22 Luis Echeverría Álvarez, Cuarto Informe de Gobierno, 1° de septiembre de 1974, versión estenográfica electrónica, p. 180 en: http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-09-06-14.pdf, fecha de consulta: 13 de noviembre de 2007. 23 Mario Acosta Chaparro, mayor de Infantería en la época de la “guerra sucia” y uno de los mayores violadores de derechos humanos en la historia mexicana reciente, escribió en un limitado análisis que: “el común denominador de la disidencia había sido el afán competitivo de los diversos dirigentes de la misma por trascender el ámbito político como los únicos poseedores de la verdad doctrinaria. Esto explica la fragmentación de la izquierda y consecuentemente, la falta de arraigo de ésta entre la población.” Sin embargo, planteaba que la “subversión” era preocupante porque socavaba la estabilidad militar, política, social, económica, moral y hasta psicológica del gobierno. Acosta. Movimiento subversivo en México. México, s. e., 1990, p. 40. 24 Sergio Aguayo. La charola: una historia de los servicios de inteligencia en México. México, Grijalbo, 2001, p. 124. Dice el autor que “cuando surgieron las guerrillas [la DFS] se abstuvo siempre de hacer una evaluación de la fuerza real de las mismas. Es inevitable pensar que lo hizo para incrementar su poder, porque tener un enemigo poderoso justificaba los aumentos en presupuesto e influencia”. Probablemente en casos aislados, como los de grupos que en efecto no representaban ningún peligro, la DFS sí aplicó esa lógica. Bibliografía Acosta Chaparro, Arturo. Movimiento subversivo en México. México, s. n., 1990. 206 p. ____________. La charola: una historia de los servicios de inteligencia en México. México, Grijalbo, 2001. 413 p. (...) Lugares Comunes |